Fondo FLMO-FCF - Fondo Luis Moreno Ocampo – Fiscalía – Cámara Federal

Área de identidad

Código de referencia

FLMO-FCF

Título

Fondo Luis Moreno Ocampo – Fiscalía – Cámara Federal

Fecha(s)

  • 1985-1992 (Creación)

Nivel de descripción

Fondo

Volumen y soporte

167 cajas de polipropileno (30 cm. x 25 cm. x 8cm.) soporte papel, fotocopias y originales
1 caja de positivos fotográficos

Área de contexto

Nombre del productor

(4 de junio de 1952 -)

Historia biográfica

Nombre del productor

Nombre del productor

Nombre del productor

(Diciembre 1983 a septiembre 1984)

Historia administrativa

La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personal (CONADEP), fue creada por el Decreto presidencial Nº 187 del 15 de diciembre de 1983 por el presidente Raúl Alfonsín.
En el primer considerando del Decreto se sostiene que “la cuestión de los Derechos Humanos trasciende a los poderes públicos y concierne a la sociedad civil y a la comunidad internacional”, debiendo la Comisión tener como objetivo intervenir activamente en el esclarecimiento de los hechos relacionados con la desaparición de personas ocurridos en el país, averiguando su destino o paradero como así también toda otra circunstancia relacionada con su localización. Recibiría denuncias y pruebas sobre esos hechos para remitirlos a la justicia cuando de ellas surgiera la comisión de delitos. La misión encomendada no implicaba la determinación de responsabilidades. La justicia, receptora del material logrado por la Comisión en sus investigaciones y procedimientos, sería la encargada de delimitar responsabilidades, y decidir sobre los culpables.
El presidente de la República convocó entonces a personalidades de diferentes ámbitos culturales y políticos, para que llevaran a cabo con independencia sus funciones y con carácter “ad honorem”: Fue así como asumieron sus funciones Ricardo Colombres, René Favaloro, Hilario Fernández Long, Carlos T. Gattinoni, Gregorio Klimovsky, Marshall T. Meyer, Mons. Jaime F. de Nevares, Eduardo Rabossi, Magdalena Ruiz Guiñazú y Ernesto Sábato, quien la presidió. También la integraron Santiago López, Hugo Piucill, Horacio Huarte, Graciela Fernandez Meijide, Daniel Salvador, Raúl Aragón, Alberto Mansur y Leopoldo Silgueira.
En la realización de sus labores la Comisión contó con la ayuda prestada por los organismos de Derechos Humanos, que aportaron recursos humanos y técnicos, así como toda su consolidada experiencia adquirida durante el período dictatorial, sobre todo la documentación reunida. También contó con elaboraciones efectuadas anteriormente por Naciones Unidas, Organización de los Estados Americanos y diversos organismos internacionales, en relación al tema de las desapariciones en la República Argentina.
Por otra parte, muchos de los requerimientos de la Comisión quedaron sin respuesta, al no contestarse satisfactoriamente todos los respectivos pedidos de informes cursados a organismos dependientes de las Fuerzas Armadas. Esta falta de colaboración se evidenció también en la actitud de unos pocos Jueces de Capital y otros de Provincia que devolvieron las notas que la CONADEP les remitía negándole entidad, representatividad o personería. También hubo organismos administrativos y de seguridad a los que se debió recurrir hasta la instancia del presidente de la República para que respondieran a la brevedad, lo mismo que para que se dejara sin efecto la disposición que servía a los integrantes de las Fuerzas Armadas para negarse a responder a las preguntas de la Comisión so pretexto de “secreto militar”, acorde a lo dispuesto por el Decreto Nº 2107/84.
Debido al aluvión de denuncias y testimonios producidos ni bien se iniciaron las actividades de la Comisión, se tornó indispensable la incorporación de más personal y la obtención de mayor espacio dentro de las instalaciones del Centro Cultural General San Martín, cuyo Director, Javier Torre, destinó el segundo piso y sus dependencias anexas, con muebles y útiles, al servicio de la CONADEP.
El informe de CONADEP precisa en 8.961 el número de desaparecidos, y en sus tres anexos inlcuye los datos identitarios básicos de cada desaparecido, de aquellos vistos por los sobrevivientes durante su cautiverio y una lista de centros clandestinos. Las listas son presentadas como registros provisorios, ya que como la propia Comisión advierte "muchas desapariciones no han sido denunciadas, por carecer las vìctimas de familiaires, por preferir èstos mantener reservas o por vivir en localidades muy alejadas de centros urbanos". No incluye el informe a aquellas personas cuyos cadáveres fueron hallados e identificados, ni a quienes sobrevivieron al cautiverio clandestino. Incluyó declaraciones de miembros de las Fuerzas de Seguridad que intervinieron en el accionar represivo. Realizó inspecciones en distintos puntos del territorio nacional; recabó información a las Fuerzas Armadas y de Seguridad y a diversos organismos públicos y privados.
De la investigación efectuada resultó la formulación de denuncias ante la justicia, comprensivas de 1.086 legajos que permiten tener por acreditada la existencia y funcionamiento de los principales centros clandestinos de detención; nómina parcial de “desaparecidos” que fueron vistos con vida en tales centros y de miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad mencionados por las víctimas como responsables de los graves hechos denunciados.
Según el informe de la CONADEP, el gobierno militar, debido al ejercicio de la facultad de Estado de Sitio, detuvo a 4.029 personas por menos de un año; a 2.296 entre uno y tres años; a 1.172 entre tres y cinco años; a 668 entre cinco y siete años; y a 431 entre siete y nueve años. La CONADEP ha registrado que, por lo menos, 157 detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) pasaron luego a revistar en la categoría de desaparecidos una vez que se emitió el Decreto disponiendo la libertad de los mismos. Cabe agregar que el uso de esta facultad – poner a disposición del PEN – implicó de hecho la imposición de severas condenas sin formulación de cargos ni juicio previo, por lo que violaba sistemáticamente el derecho a justa defensa.
El informe presentado como resultado de las investigaciones de CONADEP fue publicado bajo el titulo "Nunca Más. Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas", editado por la editorial EUDEBA (Editorial Universidad de Buenos Aires) en 1984.
La CONADEP fue más tarde una importante prueba documental que permitió el juzgamiento a las Juntas Militares en la causa 13/84.
En el año 2009, el Fondo Documental CONADEP, fue declarado Memoria del Mundo por la UNESCO junto a otros 18 archivos del Patrimonio Documental sobre Derechos Humanos en Argentina relativo al período 1976-1983

Nombre del productor

Historia administrativa

Historia archivística

Entre la documentación que Luis Moreno Ocampo reunió y produjo, se encontraba una copia de las actuaciones de algunas de las causas en las que había participado como Fiscal (adjunto o general), y sus papeles de trabajo, así como los documentos producidos y reunidos durante su labor en la Fiscalía de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal (Cámara Federal). Este es el origen de la documentación que integra el presente Fondo. La mayoría de las causas judiciales que forman parte del mismo fueron originadas en el Tribunal Superior del Fuero Militar, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (Con.Su.F.A.) y posteriormente, y haciendo uso de la potestad conferida por la reforma al Código de Justicia Militar (Ley 23.049), la Cámara Federal se avocó al conocimiento de las mismas. Por otra parte, se suman a ellos los documentos producidos durante la sustanciación de los procesos, así como aquellos que fueron reunidos por la fiscalía para desarrollar su tareas que provienen de diferentes fuentes, tales como La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal; la Corte Suprema de Justicia de la Nación; el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas; la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP); los Tribunales de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional; la United States District Court for the Nort-hern District of California, la Comisión de Evaluación de las Operaciones realizadas en las Islas Malvinas (Comisión Calvi); la Comisión de Análisis y Evaluación de Responsabilidades del Conflicto del Atlántico Sur (C.A.E.R.C.A.S.); y de los abogados defensores de los imputados en las distintas causas judiciales. Entre 1993 y 2003 el acervo documental que constituye actualmente el presente Fondo, estuvo depositado en los dos inmuebles donde se alojó el estudio jurídico del doctor Luis Moreno Ocampo tras dejar el cargo. En ese período se realizaron tareas mínimas de identificación y clasificación del acervo, pero insuficientes para habilitar su acceso, debido a la complejidad y especificidad de las informaciones. A pesar de ello, fueron consultados y utilizados ocasionalmente, a partir de pedidos puntuales que llegaron a Luis Moreno Ocampo o alguno de los miembros de su equipo en su estudio jurídico, no obstante, el material no era de consulta pública abierta y regular. En junio de 2003, a consecuencia de su nombramiento en la fiscalía de la Corte Penal Internacional, Moreno Ocampo debió desvincularse de sus actividades privadas y la documentación quedó temporalmente en custodia de sus ex socios en el propio estudio jurídico. En abril de 2004 la documentación fue donada a la Asociación Civil Memoria Abierta – Acción coordinada de Derechos Humanos, quien procedió a su organización y la elaboración de la presente descripción.

Origen del ingreso o transferencia

Donación de Luis Moreno Ocampo a la Asociación Civil Memoria Abierta – Acción coordinada de Derechos Humanos, abril de 2004.

Área de contenido y estructura

Alcance y contenido

El Fondo está integrado por documentación de distintas fuentes. El grueso de la documentación la constituyen las copias de documentos producidos a lo largo del desarrollo de los procesos judiciales de revisión de la actuación de la dictadura militar que estuvo a cargo del gobierno argentino entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983. En este sentido los relacionamos de forma genérica a continuación:
Causas referidas al período 1976-1983:


  • La causa contra los comandantes que integraron las tres primeras juntas militares (1976-1982) fueron iniciadas en virtud del decreto PEN Nº 158/83.
  • La causa seguida contra R. J. Camps y otros oficiales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires se originó en el decreto PEN Nº 280/84.
  • La causa seguida para investigar las infracciones al Código de Justicia Militar du-rante el conflicto de Malvinas derivó del decreto Nº 2971/83 de la Junta Militar.
  • La documentación relativa a causas seguidas contra miembros de la organización armada “Montoneros”, si bien tuvo su origen en sumarios instruidos por tribuna-les ordinarios en el período 1977-79, puede haber sido motorizada por el decreto Nº 157/83 que dispuso el juzgamiento de las cúpulas de las distintas organizaciones por hechos posteriores a la amnistía declarada durante el gobierno de H. J. Cámpora (26/05/1973).
  • Causas derivadas del punto 30 de la sentencia dictada en el juicio a las juntas militares, a saber: Causa Nº 450/86, contra los oficiales del comando del Ier Cuerpo de Ejército (Suárez Mason y otros) y Causa Nº 761/86, contra los oficiales a cargo de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA, Chamorro y otros).

Causas referidas al período 1983-1992:


  • Causas originadas en los levantamientos militares contra el orden constitucional, a saber: la causa por el levantamiento de enero de 1988 (Aeroparque Metropolitano y Brigada Aérea de Morón) y diciembre de 1990 (Regimiento I, Patricios).
  • Causa originada en el copamiento al regimiento de La Tablada por parte del “Movimiento Todos por la Patria”

Documentación no judicial:


  • La documentación no judicial que integra las distintas series referidas a las causas antes descriptas así como la de Bibliografía y Prensa fue producida o recogida por la Fiscalía durante su actuación en relación con las mismas.

En algunos casos en los que se ha decidido asignar a una causa el rango de serie o subserie dentro de la estructura del Fondo, podemos encontrar:


  • Declaraciones (de diversa índole, en sede judicial o realizadas ante autoridades u organismos extrajudiciales y que fueron incorporadas a las causas).
  • Escritos que constituyen el desarrollo del proceso escrito (actuaciones de los distintos tribunales intervinientes y de los representantes del Ministerio Público ante esos tribunales, de la defensa de los acusados y de los querellantes y víctimas a través de sus asesores letrados), comprendidas las sentencias dictadas por la Cámara Federal en los casos en los que se llegó a esa instancia procesal.
  • Documentación respaldatoria de las actuaciones (tanto la que se halla foliada e incorporada a los expedientes judiciales como documentación dispersa que se ha organizado de acuerdo con rubros temáticos).
  • Papeles y documentos de trabajo (borradores, versiones preliminares editadas de dictámenes y actuaciones, fichas, selecciones de declaraciones, resúmenes, manuscritos, etc., utilizados por el equipo de la fiscalía para preparar su actuación).

El Fondo también incluye una importante cantidad de material bibliográfico relacionado con el tratamiento judicial de los crímenes juzgados así como de recortes y ejemplares de publicaciones de prensa contemporánea o relacionada con el desarrollo de las causas. Es importante señalar que el Fondo no conserva la totalidad de la documentación que constituyen las causas que lo integran, sino las copias que reunió y subsistieron en manos de Luis Moreno Ocampo hasta el momento de su donación a Memoria Abierta.
Una presentación más detallada del alcance de la documentación disponible para cada una de las causas que integran el Fondo se hallará en los capítulos de esta descripción correspondientes a las series y subseries específicas.

Valorización, destrucción y programación

Simultáneamente a la organización y descripción del Fondo se procedió a su evaluación, atribuyéndole su valor permanente y su consecuente conservación y preservación definitiva, a toda la documentación que había sido incorporada en el fondo en el momento de su transferencia a Memoria Abierta (abril de 2004).
No existen disposiciones legales ni decisiones emanadas de la entidad que tiene a su cargo la custodia del Fondo en el sentido de proceder a la destrucción parcial o total del Fondo en el presente ni en el futuro, sino de preservar la documentación y facilitar su acceso público.

Acumulaciones

Se trata de un fondo cerrado.

Sistema de arreglo

En el momento de su transferencia a Memoria Abierta, el Fondo carecía de organización sistematizada. Estaba dispuesta en cajas con etiquetas que exhibían su contenido. Existía conocimiento de que el Fondo estaba integrado, al menos, por: las actas mecanografiadas de las declaraciones testimoniales prestadas en las audiencias públicas de la causas Nº 13/84 (serie 1, subserie 1.1) y la sentencia de la misma causa había sido identificada durante el período 1999-2004; el juicio a las juntas militares; la causa Camps; la causa a los comandantes del Iº Cuerpo de Ejército (Suárez Mason y otros); la causa seguida contra el director y otros oficiales destinados a la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA); la causa seguida contra los responsables del conflicto del Atlántico Sur (Malvinas); y las causas seguidas contra los responsables de varios de los alzamientos militares y civiles de la década de 1980 y del año 1990.
Para la organización del Fondo se procedió a la elaboración del “Cuadro de Clasificación del Fondo” y el posterior ordenamiento de los documentos en sus respectivas series en las que se incluía: los juicios a oficiales militares por violaciones cometidas contra los derechos humanos durante la dictadura; la documentación relativa al juicio por la guerra de Malvinas; los levantamientos de militares sublevados; material bibliográfico; serie de prensa y otras que posteriormente fueron adicionadas. Una vez definido el cuadro de clasificación, se procedió a su ordenamiento siguiendo su estructura interna.

Área de condiciones de acceso y uso

Condiciones de acceso

El Fondo queda abierto a la consulta pública en las condiciones que establezca la Comisión Directiva de la Asociación Memoria Abierta, o las personas por ella facultadas a tal efecto.
En caso de restricciones específicas de determinadas series y subseries, las mismas se encuentran detalladas en la descripción correspondiente.
Memoria Abierta se reserva el derecho de denegar el acceso a la misma por los motivos que su Comisión Directiva o las personas por ella facultadas consideren pertinentes y de acuerdo a la legislación vigente.

Condiciones

La reproducción del material queda sujeta a las reglas que rigen para la documentación ya publicada.
La reproducción de cualquier otro material proveniente de este Fondo dependerá de la autorización prestada por la Comisión Directiva de la Asociación Memoria Abierta, o las personas por ella facultadas a tal efecto.

Idioma del material

  • español
  • francés
  • inglés

Escritura del material

Notas sobre las lenguas y escrituras

Características físicas y requisitos técnicos

El Fondo está integrado casi en su totalidad por documentación en soporte papel y consta de un mínimo de copias fotográficas.
Para su conservación, la documentación se halla dispuesta en cajas de polipropileno, que resulta un material inocuo y estable.

Instrumentos de descripción

El Cuadro de Clasificación del Fondo ofrece una presentación sintética de la estructura interna del Fondo.
Un catálogo del contenido de las cajas está a disposición del usuario en el momento de la consulta.

Área de materiales relacionados

Existencia y localización de originales

El archivo de Juicios Militares de la Cámara Nacional de Apelaciones conserva la totalidad de las causas Nº 13, 44, 450 y 761 (es decir, los originales de las copias que integran este Fondo y los de las actuaciones faltantes).
De acuerdo con la información proporcionada en dicha Secretaría, el original de la causa Nº 59 (Malvinas) se halla archivado en el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, por ser éste el tribunal que dictó la sentencia en primera instancia, pero no fue posible verificar esta información por permanecer ese archivo cerrado al momento de la descripción.

Existencia y localización de copias

Unidades de descripción relacionadas

Existen copias de parte de la documentación que integra este Fondo en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Av. Callao 569 – 3º Cuerpo – 1º piso – Oficina 15, Ciudad de Buenos Aires – Argentina

Descripciones relacionadas

Área de notas

Identificador/es alternativo(os)

Puntos de acceso

Puntos de acceso por materia

Puntos de acceso por lugar

Tipo de puntos de acceso

Área de control de la descripción

Identificador de la descripción

Identificador de la institución

Reglas y/o convenciones usadas

Estado de elaboración

Nivel de detalle

Fechas de creación revisión eliminación

Idioma(s)

Escritura(s)

Fuentes

Área de Ingreso